Departamento de Justicia de Estados Unidos decomisa casi 400 dominios web dedicados a la piratería del Mundial de la FIFA 2026

Qué pasó

El anuncio fue realizado el viernes 29 de junio de 2026 por la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense, que confirmó el decomiso de aproximadamente 400 dominios web empleados para la transmisión ilegal en tiempo real de los encuentros del Mundial de la FIFA 2026. La operación fue liderada por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR Center) y desarrollada en conjunto con agencias internacionales y actores del sector privado.

La coordinación se realizó a través de la red International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP), una instancia de fiscales estadounidenses que articuló acciones contra servidores y dominios alojados en Perú, Bulgaria, Croacia, Rumania, Polonia y Colombia. En los sitios intervenidos aparece un mensaje oficial que indica: 'Este sitio web ha sido decomisado por las autoridades como parte de la Operación Offsides, un esfuerzo coordinado dirigido a proteger a los consumidores y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el mundo'.

En la identificación de los dominios participaron FIFA, el grupo beIN Media, NBCUniversal, la Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) de la Motion Picture Association, la organización Ultimate Fighting Championship (UFC) y Warner Bros. El agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, Eric Weindorf, señaló que 'estas plataformas no solo infringen las leyes de derechos de autor, sino que además exponen a los usuarios a amenazas potenciales, incluidos ataques de malware y conexiones inseguras que pueden comprometer datos personales y financieros'.

El operativo se suma a una advertencia emitida en mayo por el FBI, que alertó sobre sitios fraudulentos que suplantaban a FIFA para vender entradas y paquetes de hospitalidad falsos, robar información personal y financiera, y difundir otras estafas vinculadas al torneo. Adicionalmente, la semana pasada ACE, UEFA, UC3 y autoridades mexicanas desactivaron 44 dominios asociados a la plataforma PirloTV, los cuales en conjunto registraban más de 950 millones de visitas anuales, alrededor de 230 millones desde México.

Contexto

La piratería de contenidos deportivos constituye uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del ecosistema de infracciones a la propiedad intelectual a nivel global, con un impacto económico estimado en miles de millones de dólares anuales para titulares de derechos, broadcasters y plataformas de streaming legítimas. El Mundial de la FIFA, por su audiencia acumulada superior a miles de millones de televidentes, representa uno de los eventos más sensibles para las cadenas de transmisión y los patrocinadores.

En América Latina, el fenómeno presenta dimensiones particularmente relevantes. Investigaciones de la industria han estimado que entre el 30% y el 40% del consumo de eventos deportivos en la región se realiza a través de plataformas no autorizadas, una proporción superior a la media mundial. Esta realidad se explica por factores como el costo de las suscripciones oficiales, la fragmentación de derechos entre múltiples operadores y la disponibilidad de dispositivos de fácil acceso a contenidos pirata.

La Operación Offsides se inscribe en una estrategia más amplia de las autoridades estadounidenses, que en los últimos años han intensificado el uso de decomisos de dominios como herramienta de enforcement. La metodología permite intervenciones rápidas, sin requerir procesos judiciales prolongados en cada jurisdicción, y se complementa con acciones coordinadas en mercados estratégicos como México, Brasil y los países de Europa del Este.

Impacto para empresas chilenas

Chile forma parte del ecosistema regional afectado por la piratería de eventos deportivos, tanto como mercado de consumo como por la circulación de infraestructura digital vinculada a estas redes. Si bien el país no aparece entre las jurisdicciones señaladas en esta operación, la proximidad geográfica y la integración de redes de telecomunicaciones hacen que el fenómeno tenga repercusiones directas sobre usuarios y empresas locales.

Para las empresas chilenas, el caso subraya la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad informática y de cumplimiento normativo en materia de propiedad intelectual. Organizaciones de distintos tamaños han enfrentado incidentes derivados del consumo de plataformas no autorizadas en dispositivos corporativos, incluidos compromisos de datos y filtraciones de credenciales. Además, los proveedores de servicios de streaming y operadores de telecomunicaciones presentes en Chile observan con atención el avance de estas investigaciones, dado el efecto que tienen sobre la migración de usuarios hacia plataformas legítimas.

En el ámbito de las pymes y el sector del entretenimiento, la operación refuerza la importancia de invertir en infraestructura de protección de derechos digitales y de colaborar con asociaciones gremiales para enfrentar un fenómeno que afecta tanto los ingresos del sector como la confianza de los consumidores. El caso también abre interrogantes sobre la actualización del marco regulatorio chileno en materia de propiedad intelectual y cooperación internacional frente a delitos informáticos transfronterizos.

Qué sigue

Las autoridades estadounidenses han indicado que continuarán desarrollando operativos coordinados en el marco del Mundial de la FIFA 2026 y de otros eventos deportivos de gran audiencia. Se espera que las acciones se intensifiquen en las fases decisivas del torneo, cuando se concentra el mayor volumen de tráfico en plataformas no autorizadas.

En paralelo, los organismos internacionales y los titulares de derechos han anunciado el lanzamiento de campañas de concientización dirigidas a los consumidores, orientadas a informar sobre los riesgos de seguridad asociados a las plataformas piratas y a promover el uso de servicios legítimos. Para Chile y la región, el desarrollo de estas operaciones constituye un antecedente relevante en el debate sobre modernización legislativa, cooperación judicial internacional y protección del ecosistema digital.